Solo diez fiscalizadores del ISP enfrentan el auge de medicamentos ilegales en la Región Metropolitana
Datos obtenidos por Transparencia revelan una fiscalización insuficiente frente al crecimiento del comercio informal de fármacos en ferias y calles.
La venta ilegal de medicamentos en ferias libres, calles y espacios informales crece a un ritmo que el Estado no logra dimensionar ni contener. En la Región Metropolitana, el Instituto de Salud Pública cuenta actualmente con solo diez fiscalizadores para supervisar la venta de fármacos, una cifra que resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. La información fue obtenida vía Ley de Transparencia el pasado 14 de noviembre de 2025.
Estos diez funcionarios deben cubrir un universo de 2.742 farmacias y laboratorios en la región, realizando rondas de fiscalización que, según expertos del sector, no alcanzan de ningún modo para detectar oportunamente la venta de medicamentos vencidos, falsificados o sin registro sanitario. La situación se vuelve aún más compleja cuando se trata del comercio informal, ámbito que recae principalmente en la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, sin que exista una coordinación sistemática con el ISP para sacar estos productos de circulación.
El exdirector del ISP, Heriberto García, apunta directamente a una debilidad estructural: “La falta de presupuesto y personal es evidente. Varios actores municipales no aplican las medidas que deberían. Los inspectores ven la venta de medicamentos en la calle y no actúan”. Sus palabras reflejan una percepción extendida en el sector sanitario: la fiscalización formal se concentra en farmacias establecidas, mientras la venta ilegal sigue operando con relativa impunidad.
Los propios datos del ISP muestran una caída sostenida en los resultados de las fiscalizaciones. En 2023, el 43,1% de las inspecciones derivó en decomisos; en 2024, esa cifra bajó a 34%; y durante el primer trimestre de 2025 cayó a 23,4%. Estas cifras contrastan con lo que profesionales y consumidores observan en terreno: un aumento evidente del comercio ilegal de medicamentos.
Para García, esta disminución podría estar relacionada con la menor acción coordinada entre el ISP y las policías, considerando que “los decomisos también los hacen ellos”. Desde FarmaHoy se intentó contactar al Instituto de Salud Pública para contrastar estos antecedentes, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
Una red de abastecimiento que opera fuera del radar
Más allá del comercio visible en ferias y calles, existe una red de abastecimiento informal que sostiene este mercado. Un experto en importaciones farmacéuticas, que solicitó reserva de identidad, describe un circuito que comienza fuera del país: “Algunos cargamentos llegan por vía marítima declarando otros productos. Una vez en Chile, pasan a bodegas pequeñas o farmacias informales y desde ahí se distribuyen a ferias o por redes sociales”.
El ingreso de medicamentos sin registro sanitario —incluidos antibióticos, fármacos para la depresión y tratamientos para enfermedades crónicas— evidencia la fragilidad del sistema de control. Según la misma fuente, parte de los cargamentos se originan en India, hacen escala en China y llegan a Chile en contenedores que no siempre son revisados, debido a que el control aduanero se realiza por sorteo.
Sobre este punto, Jorge Cienfuegos, ex presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile y académico, advierte que “la India tiene laboratorios de muy buena calidad, pero también otros de mediana y muy baja calidad. Chile compra principalmente por precio, buscando economizar”, lo que aumenta el riesgo cuando esos productos ingresan fuera de los canales regulados.
La presión invisible sobre las bodegas del ISP
Los medicamentos incautados por fiscalizadores, policías y aduanas deben almacenarse en bodegas del ISP antes de su eliminación. Sin embargo, el crecimiento del comercio ilegal ha tensionado estas instalaciones. En 2024 se reportaron irregularidades en la capacidad de almacenamiento, con cajas apiladas, rotulación deficiente y productos próximos a vencer mezclados con decomisos recientes.
Cienfuegos sostiene que este escenario es permanente y genera un efecto colateral grave: “Hay un desincentivo a denunciar cuando faltan medicamentos o llegan cajas deficientes. Hospitales, farmacias, Cenabast y otros actores saben que la operatividad del ISP y de las policías es prácticamente nula, y prefieren no denunciar para no perjudicar a los usuarios finales”.
Cuando la necesidad empuja al riesgo
En ferias como la de Lo Espejo, la venta de medicamentos convive con verduras y ropa usada. Bajo toldos improvisados se ofrecen analgésicos, antibióticos y fármacos para enfermedades crónicas, sin etiquetas ni trazabilidad. La compra es rápida, silenciosa y cotidiana.
María Soto, vecina del sector, lo explica sin rodeos: “Compro mis pastillas para la presión en la feria porque son más baratas. Con la pensión que tengo, si voy a la farmacia no me alcanza para todo el mes”. Su testimonio revela una dimensión social del problema: para muchos, el comercio ilegal no es una opción, sino la única vía de acceso.
En ese escenario, lo que llega a las bodegas del ISP representa apenas una fracción mínima de lo que realmente circula. La venta ilegal de medicamentos sigue creciendo fuera del alcance efectivo del Estado, dejando expuestos tanto a los pacientes como a un sistema de control que hoy parece claramente sobrepasado.
(Los antecedentes de este artículos fueron obtenidos gracias al trabajo del curso de Periodismo de Investigación de la Universidad Andrés Bello, dictado por el profesor Francisco Velásquez Tapia)
