Paracetamol y adolescentes: estudio chileno abre debate sobre restricciones de venta ante alza de intoxicaciones intencionales
Un estudio del Centro de Información Toxicológica UC, CICTUC, registró 11.039 exposiciones a paracetamol entre 2019 y 2023 y determinó que el 68,8% estuvo relacionado con ideación suicida. Datos más recientes del mismo centro muestran que el fenómeno sigue concentrándose con fuerza en adolescentes, especialmente mujeres, mientras especialistas discuten si Chile debe limitar el tamaño de los envases, restringir puntos de venta o reforzar las advertencias.
Está en el botiquín de millones de hogares, se compra con facilidad y forma parte de la respuesta cotidiana frente a la fiebre, los dolores musculares o una simple cefalea. El paracetamol es uno de los medicamentos más conocidos por la población y, utilizado correctamente, mantiene un perfil de seguridad ampliamente reconocido. Sin embargo, los registros acumulados por el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica muestran que esa misma disponibilidad comienza a adquirir otra dimensión cuando se cruza con el deterioro de la salud mental entre niños y adolescentes.
Una investigación publicada en Revista Médica de Chile analizó 11.039 exposiciones a paracetamol registradas por el CITUC entre 2019 y 2023 y encontró que el 68,8% estuvo asociado a ideación suicida. Entre esos casos, el 80,3% correspondió a mujeres, mientras que el 48,5% involucró a adolescentes, una concentración que deja de ser una señal aislada cuando se observa junto con los antecedentes históricos del propio centro y la evolución que han mostrado las intoxicaciones durante las últimas dos décadas.
El problema, por tanto, no está en presentar al paracetamol como un medicamento peligroso ni en desconocer su utilidad terapéutica. Está en preguntarse qué ocurre cuando un fármaco barato, ampliamente disponible y presente en numerosos hogares queda al alcance de adolescentes que atraviesan una crisis de salud mental, muchas veces impulsiva, y qué responsabilidad corresponde entonces a las familias, a las farmacias, a los profesionales sanitarios y al Estado.
Una señal que se concentra entre adolescentes y mujeres
Los datos del estudio del CITUC dibujan un patrón difícil de ignorar. Las exposiciones relacionadas con ideación suicida representaron más de dos tercios del total analizado y, dentro de ese grupo, las mujeres tuvieron una participación ampliamente mayoritaria. Los adolescentes, por su parte, representaron prácticamente la mitad de estos episodios, mientras el análisis estadístico identificó a las mujeres adolescentes como uno de los grupos con mayor asociación a este tipo de intoxicación intencional.
La gravedad tampoco puede medirse únicamente por el número de casos. Los investigadores documentaron ingestas capaces de producir toxicidad hepática y advirtieron que una parte de las consultas se realizó varias horas después de ocurrida la exposición, retraso que puede afectar las posibilidades de tratamiento oportuno. La intoxicación por paracetamol tiene precisamente esa particularidad: una persona puede no presentar inicialmente síntomas proporcionales al daño que comienza a producirse en el hígado, lo que vuelve especialmente importante la consulta precoz.
Los antecedentes posteriores mantienen encendida la alerta. Cifras históricas del CITUC difundidas este año muestran que en el grupo de 12 a 17 años los casos registrados pasaron de 158 en 2006 a 1.042 durante 2025, un incremento superior al 550%. Esa serie de largo plazo no pertenece al mismo período analizado en el estudio científico de 2019 a 2023 y, por tanto, no debe confundirse con sus resultados, pero permite observar que el problema no desapareció después de la pandemia ni parece responder únicamente a un episodio circunstancial.
La pandemia profundizó una tendencia que no terminó con las cuarentenas
El trabajo del CITUC identifica un crecimiento marcado de las intoxicaciones intencionales a partir de 2020, en paralelo con el deterioro de distintos indicadores de salud mental observado entre niños y adolescentes durante los años de pandemia. Las exposiciones accidentales o relacionadas con errores terapéuticos no siguieron necesariamente la misma trayectoria, lo que refuerza la idea de que detrás del aumento no existe solamente un problema farmacológico, sino también uno social y sanitario.
Ese punto es fundamental para evitar una lectura demasiado sencilla. Reducir el acceso a un medicamento puede modificar una parte del riesgo, pero difícilmente resolverá por sí solo aquello que conduce a un adolescente a utilizarlo con intención de hacerse daño. La prevención comienza antes de la farmacia y antes del botiquín, en la detección de señales de sufrimiento, en el acceso oportuno a salud mental y en la capacidad de las familias, establecimientos educacionales y servicios de salud para intervenir cuando todavía existe tiempo.
Sin embargo, reconocer que el problema es mayor que el medicamento tampoco significa que la disponibilidad sea irrelevante. Buena parte de las conductas suicidas en adolescentes puede ocurrir en contextos de impulsividad, y precisamente por eso la facilidad con que una persona puede acceder en minutos a una cantidad considerable de comprimidos se convierte en una variable que merece ser discutida.
¿Debe Chile cambiar la forma en que vende paracetamol?
El propio estudio del CITUC abre esa puerta. Entre las medidas mencionadas por sus autores aparecen la posibilidad de reducir la cantidad de comprimidos por envase, reforzar advertencias, evitar determinados canales de venta fuera de farmacias e incluso evaluar restricciones asociadas a la edad del comprador. Ninguna de esas alternativas aparece presentada como una solución definitiva, pero sí como instrumentos que deberían formar parte de una discusión preventiva más amplia.
La pregunta no es menor. ¿Tiene sentido que un adolescente pueda acceder con la misma facilidad que un adulto a grandes cantidades de un medicamento capaz de producir daño hepático grave cuando se utiliza en dosis elevadas? ¿Debería limitarse el tamaño de los envases sin afectar a quienes lo usan legítimamente? ¿Conviene restringir su venta a establecimientos donde exista supervisión farmacéutica? ¿O una regulación de ese tipo terminaría creando dificultades de acceso sin resolver el origen del problema?
Las respuestas no son evidentes y la experiencia internacional demuestra precisamente eso.
Reino Unido limitó los envases, pero la evidencia no permite simplificar el resultado
En 1998, Reino Unido estableció restricciones al tamaño de los envases de paracetamol vendidos sin receta después de años de preocupación por sobredosis y daño hepático. Las farmacias quedaron sometidas a límites de cantidad distintos de los aplicados a otros comercios y se reforzaron medidas como el uso de blísteres y advertencias en el envase.
Las primeras evaluaciones realizadas en ese país detectaron reducciones en determinados indicadores, entre ellos algunos episodios graves de toxicidad y derivaciones para trasplante hepático. Sin embargo, análisis posteriores han discutido cuánto del efecto puede atribuirse exclusivamente al tamaño de los paquetes y cuánto depende de otros cambios simultáneos en atención médica, conducta de los consumidores y prevención del suicidio.
La conclusión es menos atractiva que un eslogan, pero bastante más útil: limitar la disponibilidad puede ser parte de una estrategia, aunque difícilmente reemplaza una política integral de salud mental.
El ISP apunta a una respuesta más amplia
La posición conocida del Instituto de Salud Pública se mueve precisamente en esa dirección. La autoridad sanitaria ha descartado que reducir simplemente la cantidad de comprimidos disponibles constituya, por sí sola, la solución de fondo, y ha puesto el énfasis en educación, autocuidado, información oportuna y acceso a la atención sanitaria.
El razonamiento tiene fundamento. Una persona con intención suicida podría adquirir más de un envase, recurrir a otros medicamentos o utilizar mecanismos distintos. Pero la discusión no termina ahí, porque prevenir no siempre significa impedir completamente una conducta; a veces significa reducir la disponibilidad inmediata, aumentar el tiempo de reflexión o introducir una barrera adicional en una decisión impulsiva.
En esa diferencia está buena parte del debate que Chile todavía no resuelve.
El botiquín familiar también forma parte del problema
No todas las medidas dependen de una modificación reglamentaria. Mientras se discute qué debe hacer el Estado, existe una dimensión mucho más cotidiana que comienza dentro de las casas: cómo se almacenan los medicamentos.
Durante años se instaló la costumbre de mantener analgésicos, antiinflamatorios y otros productos en cajones de fácil acceso, muchas veces acumulando envases comprados en distintos momentos y sin considerar que un adolescente puede atravesar una crisis que el resto de la familia desconoce. Volver a guardar determinados medicamentos en lugares seguros, revisar cantidades y eliminar productos vencidos no resuelve la crisis de salud mental, pero sí puede disminuir la disponibilidad inmediata ante un episodio impulsivo.
La prevención, en este caso, no necesita convertir el hogar en una caja fuerte ni instalar temor alrededor de medicamentos de uso común. Requiere reconocer que un producto sanitario debe almacenarse con el mismo cuidado con que se utilizan sus dosis.
La farmacia tiene un rol que va más allá de vender una caja
El fenómeno también interpela directamente a las farmacias y a los químicos farmacéuticos. Si Chile decide mantener un acceso amplio al paracetamol, entonces la educación sobre uso racional, cantidad y riesgos asociados adquiere todavía mayor importancia. Si se opta por introducir restricciones, serán precisamente estos establecimientos los que deberán aplicar nuevas reglas, controlar cantidades o resolver dudas de los usuarios.
El profesional farmacéutico puede transformarse en una barrera de seguridad que otros canales de venta no necesariamente ofrecen. Eso no significa que cada compra de paracetamol deba convertirse en una consulta clínica, pero sí que la presencia de un profesional capacitado adquiere otra relevancia cuando un medicamento de venta habitual aparece repetidamente asociado a intoxicaciones intencionales.
También existe un desafío para las farmacias independientes. Cualquier regulación que restrinja formatos, puntos de venta o condiciones de expendio deberá diseñarse evitando cargar sobre estos establecimientos nuevas obligaciones administrativas sin respaldo técnico o económico, especialmente cuando cumplen una función sanitaria importante en comunas donde otras alternativas son escasas.
El problema no comienza ni termina con el paracetamol
Los reportes generales del CITUC muestran que los medicamentos constituyen una de las principales categorías involucradas en intoxicaciones, con otros principios activos presentes también en episodios intencionales. Concentrar toda la respuesta en el paracetamol puede terminar generando una falsa sensación de control si el deterioro de la salud mental juvenil permanece intacto.
Por eso la discusión exige dos conversaciones simultáneas. Una sobre disponibilidad y regulación de medicamentos que pueden producir consecuencias graves cuando se utilizan en sobredosis, y otra mucho más profunda sobre por qué tantos adolescentes están recurriendo a ellos con intención suicida.
Es posible que reducir el número de comprimidos por envase evite algunos episodios. También es posible que limitar ciertos puntos de venta aumente la supervisión. Pero ninguna de esas decisiones reemplazará una red de salud mental capaz de detectar a tiempo a una persona que necesita ayuda.
Una cifra que obliga a mirar detrás del medicamento
El aumento superior al 500% registrado por el CITUC entre adolescentes durante dos décadas impresiona por su magnitud, aunque quedarse únicamente con ese porcentaje sería perder de vista lo esencial. Cada registro representa una consulta por intoxicación, una familia enfrentada a una emergencia y profesionales sanitarios intentando intervenir cuando el episodio ya ocurrió.
El paracetamol aparece en este debate porque es accesible, conocido y está disponible en innumerables hogares, pero detrás de esa caja existe una pregunta mucho más incómoda: ¿qué está ocurriendo con nuestros adolescentes para que un medicamento cotidiano termine convertido en instrumento de una crisis?
Chile ya dispone de datos suficientes para discutir regulación, envases, puntos de venta y límites de edad. También dispone de evidencia suficiente para saber que ninguna de esas medidas, por sí sola, resolverá el problema.
El verdadero desafío será hacer ambas cosas al mismo tiempo: reducir oportunidades para una intoxicación impulsiva sin restringir innecesariamente el acceso a un medicamento útil y, al mismo tiempo, intervenir mucho antes de que un adolescente llegue a considerar esa caja como una salida.
