Proyecto que bonifica la compra de medicamentos avanza a la Sala: estos son los requisitos y las dudas pendientes

La Comisión de Hacienda despachó a la Sala de la Cámara el proyecto que crea una bonificación mensual para la compra de determinados medicamentos y pañales. En el caso farmacéutico, el beneficio estará dirigido al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y exigirá receta electrónica vigente, boleta electrónica y compra formal. La principal incógnita sigue abierta: qué medicamentos serán finalmente cubiertos.

El gasto mensual en medicamentos puede parecer acotado cuando se observa una sola caja, pero cambia de dimensión cuando el tratamiento es permanente, exige más de un fármaco y debe financiarse mes a mes junto con alimentación, vivienda, transporte y otras necesidades básicas. Sobre esa carga pretende intervenir el proyecto que crea una bonificación por la compra de medicamentos y pañales, iniciativa que dio un nuevo paso en el Congreso y que, de convertirse en ley, incorporaría un mecanismo de apoyo económico directamente ligado a compras realizadas en el comercio formal.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a la Sala el proyecto correspondiente al boletín 18.255-31, luego de aprobarlo en general y en particular. La iniciativa contempla una bonificación mensual equivalente, como máximo, al IVA efectivamente pagado por determinados medicamentos y pañales, con un fondo de hasta US$100 millones durante sus primeros 12 meses de aplicación.

El punto central es que no se trata de una eliminación general del IVA ni de una devolución automática por cualquier medicamento adquirido. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó durante la discusión que el mecanismo corresponde a una bonificación asociada a una compra efectivamente acreditada mediante boleta, lo que busca además incentivar la formalidad.

El beneficio no cubrirá cualquier medicamento

La iniciativa establece que podrán acceder quienes compren medicamentos incorporados expresamente a la cobertura del programa, pero esa lista todavía no está definida. Será el reglamento el encargado de precisar qué fármacos entrarán, qué consumo mensual se reconocerá y qué precio de referencia se utilizará para determinar el monto máximo de la bonificación.

Esa definición será decisiva para medir el verdadero impacto de la política. No es lo mismo incluir medicamentos de uso crónico masivo que limitar la cobertura a una canasta estrecha o con topes muy inferiores al gasto real de los pacientes.

Por ahora, entonces, no existe base para afirmar que un antihipertensivo, un antidiabético, un anticoagulante, un antidepresivo u otro tratamiento específico quedará automáticamente cubierto.

Receta electrónica, boleta y compra formal

En el caso de los medicamentos, el proyecto exige tres condiciones que serán centrales para acceder al beneficio: la compra deberá realizarse en el comercio formal, tendrá que estar respaldada por una boleta electrónica y el paciente deberá contar con una receta médica electrónica vigente.

La exigencia de receta electrónica introduce una dimensión que va más allá del pago de la bonificación, porque vincula esta política con el proceso de digitalización de la prescripción y dispensación que Chile viene impulsando en los últimos años.

También puede transformarse en una barrera si la implementación no considera adecuadamente a pacientes que todavía dependen de recetas en papel, viven en zonas con menor conectividad o enfrentan dificultades para acceder periódicamente a atención médica.

El 80% del Registro Social de Hogares

El proyecto fija como criterio socioeconómico pertenecer al 80% de hogares de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.

La administración de la bonificación quedaría en manos del Instituto de Previsión Social, que deberá verificar la información necesaria, calcular los montos y gestionar los pagos correspondientes. El diseño obliga además a cruzar datos de compra con información tributaria, porque el beneficio estará asociado a una transacción formal que debe poder ser acreditada.

En la práctica, pertenecer al tramo socioeconómico establecido no bastará por sí solo. La persona deberá además cumplir los requisitos vinculados al medicamento adquirido, la receta y la boleta.

Un fondo de US$100 millones y una regla de priorización

La discusión en Hacienda incorporó un elemento relevante para la sostenibilidad del programa: si la ejecución presupuestaria llega al 70% o más del fondo disponible, deberá aplicarse un mecanismo de priorización definido por reglamento.

Ese criterio considera, entre otros factores, el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de los solicitantes.

La señal es importante porque el universo potencial es amplio, pero los recursos son limitados. El proyecto puede beneficiar al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, aunque eso no significa que exista financiamiento ilimitado para todas las compras elegibles durante todo el año.

Ahí aparece una de las tensiones que deberá resolver el reglamento: cómo equilibrar cobertura amplia con un fondo que tiene techo.

Las farmacias quedan dentro de la operación

Aunque el pago del beneficio no estará a cargo de las farmacias, estos establecimientos pasarán a ser parte esencial del circuito porque cada compra deberá quedar correctamente identificada en una boleta electrónica.

Eso significa que la calidad de los datos será fundamental. Nombre del producto, precio, identificación de la compra y vínculo con la receta deberán ser compatibles con los sistemas estatales encargados de verificar si corresponde o no la bonificación.

La medida podría además reforzar el canal formal de compra, porque deja fuera operaciones sin boleta y adquisiciones realizadas en mercados informales, redes sociales o puntos no autorizados.

Para las farmacias, sin embargo, el desafío estará en la interoperabilidad y en evitar que el nuevo sistema agregue cargas administrativas desproporcionadas, especialmente en establecimientos independientes con menor capacidad tecnológica.

No es un beneficio vigente

El avance en la Comisión de Hacienda no significa que la bonificación pueda solicitarse desde ahora.

El proyecto sigue en su primer trámite constitucional y debe ser discutido por la Sala de la Cámara. Si es aprobado, continuará luego su recorrido legislativo antes de una eventual promulgación.

Incluso si se convierte en ley, quedará pendiente la dictación del reglamento que deberá precisar los medicamentos incluidos, topes, precios de referencia, criterios de priorización y mecanismos operativos.

Por eso todavía no es posible calcular cuánto recibiría un paciente concreto ni cuánto del gasto mensual podrá efectivamente recuperar.

El verdadero impacto dependerá de una lista que aún no existe

La propuesta introduce una herramienta que puede aliviar parte del gasto de bolsillo en medicamentos, pero su efecto final no dependerá sólo del porcentaje de bonificación ni del tamaño del fondo. Dependerá, sobre todo, de qué productos entren en la cobertura y de cuánto representen esos medicamentos dentro del gasto real de los hogares.

Si la canasta incluye tratamientos crónicos de uso extendido y establece precios de referencia cercanos al valor que enfrentan los pacientes, el beneficio puede transformarse en un apoyo relevante. Si la cobertura termina siendo estrecha o los topes quedan lejos de los precios de mercado, el efecto será bastante menor.

Ese es el punto que todavía falta resolver.

El proyecto ya definió buena parte de la puerta de entrada: vulnerabilidad socioeconómica, receta electrónica, boleta y compra formal. Lo que aún no sabemos es probablemente lo más importante para cualquier paciente que paga medicamentos todos los meses: qué estará cubierto y cuánto alivio real significará a fin de mes.