Farmacias rurales: gremios cuestionan que eliminar exigencia de tener químico farmacéutico resuelva la falta de acceso

AFICH, AFFI Chile y UNFACH coinciden en que las dificultades para acceder a medicamentos en localidades rurales requieren una respuesta pública, pero cuestionan que flexibilizar la dirección técnica de las farmacias ataque las causas del problema. A ese diagnóstico se suma Jorge Cienfuegos, ex presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, quien propone explorar incentivos territoriales y una figura similar a los médicos generales de zona.

La discusión sobre cómo acercar medicamentos a las localidades rurales abrió un nuevo frente en el sector farmacéutico. Tres organizaciones vinculadas a las farmacias independientes y un académico consultado por FarmaHoy cuestionaron el proyecto que busca flexibilizar la exigencia de que la dirección técnica de una farmacia esté exclusivamente en manos de un químico farmacéutico. Todos los consultados comparten el diagnóstico que origina la iniciativa —hay territorios donde el acceso es insuficiente—, pero ponen en duda que cambiar al profesional responsable permita resolver por sí solo un problema en el que también intervienen la baja demanda, las distancias, el abastecimiento y los costos generales de operación.

La controversia tiene una dimensión sanitaria y otra económica. La legislación vigente establece que las farmacias deben ser dirigidas técnicamente por un químico farmacéutico presente durante todo su horario de funcionamiento. No se trata únicamente de una formalidad administrativa: bajo el actual marco regulatorio, ese profesional tiene responsabilidades relacionadas con la dispensación, la orientación a los usuarios y la vigilancia técnico-sanitaria del establecimiento. La discusión, por tanto, no se reduce a determinar quién puede mantener abierta una farmacia, sino también qué formación y responsabilidades debe reunir quien toma decisiones asociadas al uso de medicamentos.

Ese es precisamente el punto que los gremios buscan instalar frente al argumento del acceso rural. María Adriana Calvo Palavecino, química farmacéutica y presidenta de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, AFICH, reconoce que existen localidades sin farmacia y que la disponibilidad o el costo de contratar químicos farmacéuticos puede formar parte de las dificultades que enfrentan algunos establecimientos. Sin embargo, advierte que convertir esa variable en la explicación principal deja fuera buena parte del problema.

“Si bien nosotros compartimos la preocupación por las localidades rurales que no cuentan con farmacia, creemos que la solución no debe ser debilitar las exigencias sanitarias”, señaló Calvo a FarmaHoy. A su juicio, la sostenibilidad de una farmacia también depende del transporte, el abastecimiento, los costos operacionales y las condiciones sanitarias necesarias para poner en funcionamiento un establecimiento.

La presidenta de AFICH introduce con ello una distinción relevante para el debate legislativo: abrir un local no equivale necesariamente a garantizar acceso efectivo. Una farmacia debe disponer de medicamentos, mantenerlos adecuadamente, sostener su operación y contar con una demanda suficiente que permita su continuidad. “El tener un local no garantiza, o abrir un local no garantiza por sí solo un acceso oportuno y seguro. Hay que abordar las causas del problema de manera más integral”, sostuvo.

El costo del profesional no explica todo

AFFI Chile lleva ese cuestionamiento un paso más allá. En una declaración pública, la organización sostiene que el proyecto parte de un diagnóstico económico insuficiente y que no demuestra que sustituir al químico farmacéutico permita superar las dificultades que enfrentan las farmacias en territorios desatendidos. Entre los factores que identifica aparecen nuevamente la baja demanda, las distancias, el abastecimiento y las condiciones generales de funcionamiento.

El gremio incorpora además un elemento concreto respecto de los eventuales ahorros laborales. Según su análisis, mientras la normativa exija que quien ejerce la dirección técnica esté presente durante todo el funcionamiento de la farmacia, un establecimiento con jornadas extensas seguirá necesitando cubrir ese horario con personal habilitado. Desde esa perspectiva, modificar el título profesional exigido no significa automáticamente reducir de manera sustantiva la dotación necesaria para mantener una farmacia abierta.

No es una diferencia menor. Si el principal fundamento de la modificación es disminuir una barrera económica para hacer viables nuevas farmacias, la discusión legislativa deberá determinar cuánto representa efectivamente esa barrera dentro del costo total de instalación y funcionamiento y qué peso tienen, en comparación, el inventario, la logística, el transporte, la infraestructura y el tamaño del mercado que debe atender cada establecimiento.

UNFACH plantea una interrogante semejante. La organización reconoce expresamente que ampliar la cobertura farmacéutica en localidades rurales constituye una necesidad, pero pide que cualquier cambio en las exigencias profesionales esté respaldado por evidencia sobre sus efectos sanitarios. “¿Qué evidencia demuestra que sustituir la dirección técnica de un químico farmacéutico por profesionales o técnicos con otra formación permitirá mantener los mismos estándares de seguridad?”, pregunta el gremio en su declaración.

La Unión de Dueños de Farmacias Independientes de Chile, el gremio más antiguo del país, sostiene además que la escasez de establecimientos en determinados territorios no debería analizarse únicamente desde la disponibilidad de químicos farmacéuticos. Entre las variables que propone estudiar incluye la sostenibilidad económica, la distribución territorial, el abastecimiento y las condiciones de operación, junto con mecanismos de incentivo para instalar farmacias en localidades desatendidas.

La coincidencia entre las tres organizaciones es clara, aunque cada una llegue desde un ángulo distinto: reconocen una brecha de acceso, pero no consideran demostrado que rebajar o modificar la exigencia profesional sea suficiente para cerrarla.

Qué está en juego detrás de la dispensación

Una parte central de esta controversia pasa por entender qué hace actualmente un químico farmacéutico dentro de una farmacia. El Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos define la dispensación como el acto mediante el cual este profesional proporciona un medicamento e informa y orienta a la persona respecto de su uso, la influencia de los alimentos, las interacciones con otros medicamentos, las posibles reacciones adversas y sus condiciones de almacenamiento, entre otros elementos.

Esa descripción regulatoria explica por qué los gremios insisten en que el debate no debería presentarse simplemente como una sustitución de personal. Para Calvo, las competencias de los distintos profesionales sanitarios son complementarias, pero no necesariamente intercambiables.

“Otros integrantes del equipo de salud podrían colaborar dentro de sus competencias, pero eso no significa que sus funciones sean equivalentes a la dirección técnica de un químico farmacéutico”, señaló. La dirigente lo compara con los límites propios de otras profesiones sanitarias: así como un químico farmacéutico no está habilitado para asumir funciones diagnósticas que corresponden a otros profesionales, la formación específica en medicamentos determina competencias que tampoco deberían darse por equivalentes sin evaluación.

AFFI sostiene una posición similar. En su declaración recuerda que dispensar “no equivale simplemente a vender un producto” y vincula esa función con la revisión de las condiciones de entrega, la receta, los posibles riesgos del medicamento y la información que debe recibir el paciente.

Ese punto adquiere especial importancia en zonas rurales, precisamente porque allí puede existir menor disponibilidad inmediata de otros profesionales o establecimientos sanitarios. La pregunta legislativa no es solamente si otra persona puede encargarse administrativamente de una farmacia, sino qué actos podrá ejecutar, bajo qué responsabilidad, con qué formación y qué ocurrirá cuando una dispensación requiera una intervención profesional específica.

Chile ya tiene alternativas para territorios sin farmacia

Otro argumento compartido por las fuentes consultadas apunta hacia las herramientas que ya existen en la regulación. El Reglamento de Farmacias permite autorizar almacenes farmacéuticos o farmacias móviles itinerantes en comunas donde no exista una farmacia. Incluso contempla su instalación excepcional en sectores donde existe una farmacia, pero las dificultades geográficas o de transporte hacen complejo que la población llegue hasta ella.

La misma normativa establece que, en localidades donde no existan farmacias ni almacenes farmacéuticos, la autoridad sanitaria puede permitir bajo determinadas condiciones la venta de productos farmacéuticos desde farmacias o botiquines pertenecientes a establecimientos asistenciales de la localidad.

Para AFICH, esas herramientas deberían formar parte del análisis antes de reemplazar exigencias profesionales. Calvo menciona las postas rurales, las farmacias móviles, los almacenes farmacéuticos y el suministro desde la red asistencial, junto con programas públicos destinados a personas con patologías crónicas.

“No todas las localidades pueden necesitar necesariamente una farmacia convencional. La solución tendría que adaptarse a cada territorio respetando, por supuesto, las exigencias sanitarias y las responsabilidades profesionales que correspondan en cada modalidad”, explicó.

Su planteamiento conduce a una pregunta que el proyecto también deberá enfrentar: si Chile dispone desde hace años de modelos destinados precisamente a localidades sin farmacia, ¿por qué esos instrumentos no han logrado resolver completamente las brechas existentes? La respuesta podría encontrarse en falta de implementación, financiamiento, logística, demanda insuficiente u otras causas, pero con los antecedentes disponibles no es posible atribuirla a una sola variable.

La propuesta de un “farmacéutico general de zona”

Jorge Cienfuegos, ex presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y director de carrera de Química y Farmacia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, adopta una posición considerablemente más crítica. En conversación con FarmaHoy calificó la iniciativa como un proyecto “poco serio o con falta directa de asesoramiento” y cuestionó que se avance hacia una modificación legal antes de explorar mecanismos sanitarios y logísticos ya disponibles.

Cienfuegos sostiene que el problema debería abordarse desde una política pública territorial y propone utilizar como referencia una figura conocida por el sistema sanitario chileno: los médicos generales de zona. Su idea es evaluar una fórmula equivalente para incentivar la presencia de químicos farmacéuticos en localidades con menor disponibilidad de estos profesionales.

“De la misma manera que existen los médicos generales de zona, hablar de farmacéuticos generales de zona para que pueda tener disposición la población que está, por ejemplo, en zonas rurales”, planteó.

El académico también cuestiona que la competencia comercial, por sí sola, asegure menores precios de los medicamentos y sostiene que el Estado debería analizar con mayor profundidad la capacidad de la red pública para garantizar acceso. Sus afirmaciones sobre eventuales beneficios para las grandes cadenas o intereses del retail corresponden a su interpretación y no constituyen hechos acreditados por FarmaHoy.

Ese matiz es importante. La discusión sobre quién podría obtener una ventaja económica con la modificación requiere antecedentes sobre costos, participación de mercado, localización de establecimientos e incentivos concretos que no están contenidos en las declaraciones gremiales analizadas. Lo que sí está documentado es que las organizaciones consultadas consideran insuficiente explicar la falta de farmacias rurales únicamente por el costo o disponibilidad del químico farmacéutico.

Acceso y seguridad no tendrían por qué ser objetivos opuestos

El debate que comienza a instalarse contiene una paradoja. Los críticos del proyecto no niegan el problema que sus autores buscan enfrentar. Por el contrario, las tres organizaciones reconocen que hay comunidades donde conseguir medicamentos exige desplazamientos extensos o donde la oferta farmacéutica es insuficiente. La diferencia aparece cuando se intenta determinar por qué ocurre y cómo resolverlo.

Calvo lo resume desde AFICH con una formulación directa: “Queremos más acceso, no menos seguridad, no podemos confundir siempre el acceso con desregulación”.

AFFI plantea que un menor estándar profesional no garantiza por sí solo la sostenibilidad económica de una farmacia y advierte que el eventual ahorro que sustenta parte de la propuesta necesita ser demostrado. UNFACH, por su parte, reclama una discusión basada en evidencia técnica, evaluación de riesgos y participación de autoridades sanitarias, profesionales y representantes del sector.

La pregunta de fondo, entonces, no debería reducirse a mantener o eliminar una exigencia profesional. Antes habría que determinar qué impide que una farmacia sea viable en los territorios que hoy carecen de ella, cuánto influye realmente cada componente del costo, qué resultados han tenido los mecanismos alternativos ya previstos por la regulación y cuánto costaría una política de incentivos para llevar profesionales y medicamentos hacia esas localidades.

Solo después de responder esas preguntas será posible establecer si modificar la dirección técnica representa una solución sanitaria efectiva o simplemente cambia uno de los componentes de un problema mucho más amplio.

Para las comunidades rurales, la diferencia no es teórica. El objetivo final no es tener un letrero de farmacia más cerca, sino disponer de medicamentos cuando se necesitan, a precios accesibles y con condiciones de dispensación seguras. El desafío para el Congreso será demostrar que la fórmula que finalmente avance es capaz de resolver esas tres dimensiones al mismo tiempo.