De La Moneda al Congreso: crece rechazo al proyecto que cambia la dirección técnica de las farmacias

Estudiantes de Química y Farmacia se movilizaron este viernes en Santiago y Valparaíso contra el Boletín 18.719-11. El rechazo se suma a pronunciamientos de gremios, académicos, profesionales y organizaciones extranjeras, mientras los impulsores de la iniciativa defienden que flexibilizar la dirección técnica podría facilitar la apertura de farmacias en territorios con baja cobertura.

El debate por el futuro de la dirección técnica de las farmacias dejó esta semana los comunicados, las declaraciones y las redes sociales para instalarse también frente a dos de los principales centros del poder político del país. Estudiantes de Química y Farmacia se manifestaron este viernes 16 de octubre frente al Palacio de La Moneda, en Santiago, mientras en Valparaíso alumnos de distintas universidades marcharon en dirección al Congreso Nacional. El motivo fue el mismo: expresar su rechazo al proyecto que busca terminar con la exclusividad del químico farmacéutico en la dirección técnica de las farmacias.

Las movilizaciones agregaron una nueva dimensión a una controversia que durante los últimos días venía acumulando cuestionamientos desde organizaciones profesionales, farmacias independientes, académicos y profesionales del sector. El proyecto, identificado como Boletín 18.719-11, busca modificar quién puede ejercer la dirección técnica de una farmacia, permitiendo que esa responsabilidad pueda ser asumida también por otros profesionales o técnicos de nivel superior del área de la salud que cumplan determinadas exigencias de formación en materias farmacéuticas.

La iniciativa ha sido impulsada por parlamentarios de Republicanos, Libertarios y el Partido de la Gente. Sus defensores sostienen que la disponibilidad y el costo de químicos farmacéuticos pueden constituir una barrera para instalar establecimientos fuera de los grandes centros urbanos. Ese diagnóstico, sin embargo, es precisamente el punto donde comienza la controversia. Porque prácticamente ninguna de las organizaciones consultadas por FarmaHoy desconoce que existen localidades con problemas reales para acceder a una farmacia. Lo que cuestionan es que la solución sea modificar la formación profesional exigida para dirigirla.

El problema existe; la discusión está en la solución

María Adriana Calvo Palavecino, química farmacéutica y presidenta de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, AFICH, reconoce que el costo y la disponibilidad de estos profesionales pueden constituir una dificultad, especialmente en territorios pequeños. Pero advierte que reducir el problema a esa variable deja fuera buena parte de las razones que explican por qué una farmacia puede no resultar viable.

“Si bien nosotros compartimos la preocupación por las localidades rurales que no cuentan con farmacia, creemos que la solución no debe ser debilitar las exigencias sanitarias”, señaló Calvo a FarmaHoy.

Su argumento es económico tanto como sanitario. Una farmacia instalada en una localidad con baja población debe financiar inventario, personal, transporte, abastecimiento, infraestructura y cumplimiento regulatorio, además del profesional responsable. La simple apertura de un local, sostiene, no garantiza que pueda mantenerse abastecido ni funcionando en el tiempo.

“El tener un local no garantiza, o abrir un local no garantiza por sí solo un acceso oportuno y seguro. Hay que abordar las causas del problema de manera más integral”, afirmó.

AFFI Chile llegó a una conclusión semejante por otra vía. En su declaración pública, la asociación sostiene que el proyecto no demuestra que sustituir al químico farmacéutico permita superar las dificultades económicas de las farmacias ubicadas en territorios desatendidos. Entre los factores que identifica aparecen la baja demanda, las distancias, los costos de abastecimiento y las condiciones generales de operación.

El gremio agrega un elemento que deberá ser despejado durante la discusión legislativa. Si quien ejerce la dirección técnica debe permanecer durante todo el horario de funcionamiento, una farmacia que quiera extender su jornada continuará necesitando cubrir esas horas con personal habilitado. Desde esa perspectiva, cambiar la cualificación exigida al responsable no significa necesariamente eliminar las necesidades de dotación que enfrenta el establecimiento.

UNFACH plantea la misma interrogante desde la seguridad sanitaria. La organización reconoce que mejorar la cobertura en zonas rurales es necesario, pero sostiene que antes de cambiar las exigencias debería existir evidencia de que una persona con formación diferente puede mantener las mismas garantías de atención.

“¿Qué evidencia demuestra que sustituir la dirección técnica de un químico farmacéutico por profesionales o técnicos con otra formación permitirá mantener los mismos estándares de seguridad?”, pregunta la organización en su declaración.

En otras palabras, las tres organizaciones convergen en una distinción que comienza a convertirse en el centro del debate: reconocer el problema de acceso no significa necesariamente aceptar que la causa principal sea la presencia del químico farmacéutico.

Una farmacia no es solo un punto de venta

La controversia también ha obligado a poner sobre la mesa qué significa, en términos regulatorios, dispensar un medicamento. El Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos define la dispensación como un acto realizado por el químico farmacéutico en el que no solo se entrega un medicamento. También contempla informar y orientar al paciente sobre su utilización, interacciones con otros tratamientos, posibles reacciones adversas, influencia de los alimentos y condiciones de almacenamiento.

Por eso Calvo advierte que las distintas profesiones sanitarias pueden colaborar entre sí, pero no necesariamente poseen competencias intercambiables.

“Otros integrantes del equipo de salud podrían colaborar dentro de sus competencias, pero eso no significa que sus funciones sean equivalentes a la dirección técnica de un químico farmacéutico”, explicó a FarmaHoy.

El argumento aparece repetidamente en las reacciones que ha generado el proyecto. AFFI sostiene que “dispensar un medicamento no equivale simplemente a vender un producto” y recuerda que esa acción involucra condiciones de entrega, revisión de la prescripción cuando corresponde, identificación de riesgos e información al paciente.

Desde el Regional Valparaíso del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, su presidente Héctor Ireland también manifestó preocupación por la iniciativa y vinculó la presencia de estos profesionales con la seguridad sanitaria, la correcta dispensación de medicamentos y una atención farmacéutica de calidad.

El cuestionamiento, por tanto, no consiste únicamente en quién firma como director técnico. Lo que está en discusión es qué competencias se requieren para asumir esa responsabilidad y qué funciones podrán ejercerse cuando el profesional responsable no sea un químico farmacéutico.

¿Y si el problema rural requiere otra solución?

Chile ya dispone de figuras regulatorias destinadas precisamente a territorios donde una farmacia convencional no está disponible. El Reglamento de Farmacias permite autorizar almacenes farmacéuticos y farmacias móviles itinerantes en comunas donde no existen farmacias, e incluso contempla su funcionamiento en sectores donde existen obstáculos geográficos o de transporte para acceder a ellas.

En localidades que no disponen de farmacias ni almacenes farmacéuticos, la autoridad sanitaria también puede autorizar, bajo determinadas condiciones, el expendio desde farmacias o botiquines pertenecientes a establecimientos asistenciales.

Ahí aparece una pregunta que hasta ahora ha recibido menos atención que la disputa profesional: si esas herramientas existen, ¿qué ha impedido que resuelvan completamente la brecha territorial?

AFICH propone mirar precisamente hacia ese problema. Calvo menciona postas rurales, farmacias móviles, almacenes farmacéuticos y suministro desde la red asistencial, y sostiene que no todas las localidades necesitan necesariamente una farmacia convencional. Su conclusión es que el modelo debería adaptarse a cada territorio y no obligar a resolver con una única fórmula situaciones geográficas y económicas distintas.

Jorge Cienfuegos, ex presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, plantea una alternativa todavía más estructural: desarrollar una figura semejante a los médicos generales de zona.

“De la misma manera que existen los médicos generales de zona, hablar de farmacéuticos generales de zona para que pueda tener disposición la población que está, por ejemplo, en zonas rurales”, sostuvo en conversación con FarmaHoy.

La propuesta invertiría la lógica del proyecto. En lugar de modificar el profesional requerido para hacer viable una farmacia en determinadas localidades, el Estado generaría incentivos para llevar a ese profesional hacia los territorios donde actualmente escasea.

Cienfuegos ha formulado además cuestionamientos más duros respecto de los eventuales beneficios comerciales de la iniciativa. Esas afirmaciones corresponden a su interpretación y, con los antecedentes disponibles, no pueden presentarse como una consecuencia acreditada del proyecto.

El Gobierno también marca distancia

La discusión ya superó al propio sector farmacéutico. La ministra de Salud, May Chomali, manifestó reparos respecto de la iniciativa y recordó que existen medicamentos cuya venta requiere actualmente intervención del químico farmacéutico. Según declaró a Cooperativa, prescindir de esa exigencia en determinados casos podría generar riesgos sanitarios.

El diputado Diego Vergara, uno de los impulsores de la propuesta, defiende una mirada distinta. Su argumento es que la escasez de profesionales fuera de las grandes ciudades y el costo de mantenerlos durante toda la jornada constituyen obstáculos para quienes quieren instalar una farmacia y que ampliar las personas habilitadas para ejercer la dirección técnica podría aumentar la oferta y la competencia.

Ahí está probablemente una de las preguntas que deberá resolver el Congreso: si esa barrera representa una causa suficientemente determinante para justificar el cambio y si existe evidencia de que hacerlo generará nuevas farmacias en aquellas localidades que hoy carecen de ellas.

Porque una cosa es reducir el costo de un componente y otra distinta demostrar que esa reducción hará viable el establecimiento completo.

De las calles a Instagram

Mientras la discusión legislativa comienza, la reacción se ha extendido también fuera de las organizaciones formales. FarmaHoy identificó al menos catorce cuentas de Instagram vinculadas a profesionales farmacéuticos, divulgadores, farmacias, organizaciones y creadores de contenido que durante estos días publicaron reels cuestionando la iniciativa.

Si bien las publicaciones no constituyen una encuesta de opinión ni permiten medir el respaldo ciudadano al proyecto, si muestran que la controversia encontró rápidamente un espacio de amplificación digital. Los mensajes visibles tienen un patrón reconocible: se repiten referencias a la seguridad del paciente, la dispensación, la formación farmacológica y la definición de las farmacias como establecimientos de salud. Algunas publicaciones explican el contenido del Boletín 18.719-11; otras utilizan humor, sátira o situaciones hipotéticas para cuestionarlo.

Las cuentas muestran además publicaciones que al momento de la observación acumulaban desde cientos hasta más de diez mil interacciones visibles.

La controversia traspasó además las fronteras. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú expresó públicamente su “solidaridad y respaldo fraterno” a sus pares chilenos y sostuvo que garantizar el acceso a medicamentos corresponde al Estado, mientras la dispensación segura requiere calidad, seguridad y responsabilidad profesional.

Su mensaje terminó con una consigna que también comenzó a repetirse en Chile: “No hay farmacia sin farmacéutico”.

Un problema que no admite respuestas simples

El proyecto nació buscando responder una pregunta concreta: cómo instalar más farmacias donde actualmente no existen. Pero el debate que abrió terminó siendo bastante más amplio.

¿Cuánto pesa realmente la remuneración del químico farmacéutico dentro del costo de mantener una farmacia rural? ¿Cuánto corresponden al inventario, transporte, abastecimiento o baja demanda? ¿Por qué las alternativas regulatorias ya existentes no han llegado a todos los territorios? ¿Podría una política de incentivos resultar más eficaz? ¿Y qué competencias debería demostrar una persona de otra profesión para asumir responsabilidades que hoy la legislación entrega al químico farmacéutico?

No todas esas preguntas tienen todavía respuesta.

Lo que sí quedó demostrado durante esta semana es que el diagnóstico inicial ya no basta para sostener la discusión. Existe un problema de acceso a medicamentos en determinadas localidades y también existen costos y dificultades reales para instalar establecimientos. Pero modificar una exigencia sanitaria requiere algo más que identificar una barrera: exige demostrar que la solución propuesta resolverá efectivamente el problema sin trasladar nuevos riesgos a los pacientes.

Las imágenes frente a La Moneda y la marcha hacia el Congreso terminaron por condensar esa disputa. De un lado, una iniciativa que pretende ampliar la cobertura flexibilizando quién puede dirigir una farmacia. Del otro, estudiantes, profesionales y organizaciones que sostienen que el acceso no debería conseguirse reduciendo la presencia del especialista en medicamentos.

Entre ambos argumentos quedan las personas que viven lejos de una farmacia.

Y es allí donde finalmente deberá medirse cualquier solución: no solo por cuántos nuevos locales consiga abrir, sino por su capacidad de asegurar medicamentos disponibles, accesibles y correctamente dispensados.