Más terapias disponibles, menos recursos: la presión que enfrenta la Ley Ricarte Soto en 2027
El proyecto de Presupuesto 2027 reduce en $22.745 millones la asignación inicial del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. El ajuste ocurre mientras el ISP autoriza nuevas terapias y el Congreso discute cómo fortalecer el financiamiento de un sistema enfrentado a medicamentos cada vez más complejos y costosos.
Chile está incorporando nuevas terapias contra cánceres, enfermedades raras y patologías complejas a un ritmo que hace una década era difícil imaginar. El problema es que registrar un medicamento no significa automáticamente que un paciente pueda acceder a él, y mucho menos que el sistema público tenga financiamiento disponible para cubrir su costo.
Esa distancia entre innovación y acceso vuelve a quedar en evidencia con el proyecto de Presupuesto 2027. La propuesta asigna $166.951 millones al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, asociado a la Ley Ricarte Soto, frente a los $189.696 millones considerados para 2026.
La diferencia alcanza $22.745 millones menos, equivalente a una reducción nominal cercana al 12%. Al observar la variación en términos reales, considerando el efecto de la inflación, la disminución se aproxima al 14%.
La cifra no permite afirmar que los pacientes actualmente cubiertos perderán sus tratamientos. Tampoco significa que una nueva terapia autorizada por el Instituto de Salud Pública deba incorporarse automáticamente a la Ley Ricarte Soto.
Pero sí abre una pregunta que toca directamente al sector farmacéutico: ¿cómo seguirá Chile incorporando innovación terapéutica si uno de sus principales mecanismos de protección financiera comienza 2027 con menos recursos?
Aprobar un medicamento no significa financiarlo
Ésta es probablemente la distinción más importante para entender el problema.
Cuando el ISP otorga un registro sanitario, determina que un medicamento cumple las condiciones necesarias de calidad, seguridad y eficacia para ser comercializado en Chile. Esa autorización permite que el producto exista regulatoriamente en el mercado.
No determina quién lo financiará. Un medicamento puede estar registrado y disponible en Chile, pero permanecer fuera de Fonasa, de la Ley Ricarte Soto o de otros mecanismos públicos de cobertura. Para llegar a alguno de esos sistemas debe superar procesos adicionales de evaluación, priorización y financiamiento.
En términos simples, el recorrido puede entenderse así: Registro sanitario → disponibilidad en Chile → evaluación de cobertura → decisión de financiamiento → acceso efectivo del paciente.
El problema aparece cuando la innovación avanza por la primera parte de esa cadena más rápido que los recursos disponibles para completar la última.
El ISP sigue incorporando nuevas terapias
Durante 2026, el Instituto de Salud Pública informó la aprobación de numerosos registros vinculados a oncología, incluyendo 20 registros correspondientes a 12 principios activos que no se encontraban previamente disponibles en Chile.
Se trata de nuevas alternativas para patologías como cáncer de mama, endometrio, ovario, melanoma, mieloma múltiple, linfomas y otros tumores complejos.
Este avance representa una señal positiva desde la perspectiva terapéutica. Pacientes y especialistas disponen de un arsenal farmacológico cada vez más amplio y específico.
Pero también aumenta la presión sobre los mecanismos de cobertura.
Muchas de estas terapias pertenecen a una nueva generación de medicamentos biológicos, tratamientos dirigidos e inmunoterapias cuyos costos pueden resultar imposibles de asumir directamente para una familia.
Ahí es donde la discusión presupuestaria deja de ser solamente una cuestión contable.
El Fondo baja desde $189.696 millones
Para 2026, la Ley de Presupuestos contempló $189.696 millones destinados al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. El proyecto 2027 propone $166.951 millones. La caída nominal es de $22.745 millones, aproximadamente 12%.
La reducción ocurre en un presupuesto sanitario que, en términos generales, aumenta recursos para otras áreas. Por eso el comportamiento específico del Fondo de Alto Costo merece atención separada.
El monto inicial de una partida presupuestaria tampoco representa necesariamente el gasto final de todo el año. Durante la ejecución pueden existir modificaciones, reasignaciones o suplementaciones.
Esa precisión es fundamental porque el Ministerio de Salud ha sostenido que los tratamientos actualmente garantizados por la Ley Ricarte Soto no perderán cobertura como consecuencia de la propuesta presupuestaria y que las obligaciones legales deberán continuar financiándose.
Por tanto, no existe base para afirmar que la reducción implicará suspensión de tratamientos.
La discusión es otra: cuánto espacio financiero queda para sostener el sistema, absorber aumentos de costos y eventualmente incorporar nuevas prestaciones.
La Ley Ricarte Soto tiene un universo limitado
La Ley 20.850 fue creada para ofrecer protección financiera frente a diagnósticos y tratamientos cuyo costo puede resultar catastrófico para los hogares.
Pero el sistema no financia automáticamente todo medicamento caro que aparezca en el mercado.
Para incorporar nuevas prestaciones deben cumplirse requisitos técnicos y económicos, realizarse evaluaciones y establecerse prioridades. El diseño reconoce desde su origen que los recursos son finitos.
Esto genera una tensión inevitable. Por una parte, la medicina desarrolla tratamientos cada vez más personalizados y capaces de actuar sobre enfermedades que antes tenían pocas alternativas.
Por otra, cada nueva incorporación puede significar un compromiso financiero permanente para el Estado.
Y cuando esos tratamientos están destinados a poblaciones pequeñas, enfermedades raras o terapias altamente especializadas, el costo por paciente puede ser extraordinariamente elevado.
La innovación farmacológica plantea una pregunta incómoda
La discusión suele centrarse en si un determinado medicamento debería o no ser financiado. Pero el problema es más amplio. Si el número de terapias aumenta, los pacientes viven más tiempo con enfermedades antes mortales y aparecen tratamientos crónicos de alto costo, la presión sobre el financiamiento crece incluso sin incorporar nuevas patologías.
El desafío ya no consiste solamente en determinar si una terapia funciona. También debe responderse cuánto puede pagar el sistema, durante cuánto tiempo y para cuántos pacientes.
Por eso una reducción presupuestaria puede ser compatible con la continuidad de los tratamientos actuales y, al mismo tiempo, generar dudas sobre la capacidad futura del Fondo. Ambas cosas pueden ser ciertas.
La industria pide mayor financiamiento
La Cámara de Innovación Farmacéutica cuestionó el ajuste propuesto para 2027 y sostuvo que la estructura financiera del Fondo necesita fortalecerse para responder a las nuevas terapias disponibles.
La posición debe ser interpretada dentro de su contexto. La organización representa a compañías dedicadas al desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores y, por tanto, tiene interés directo en los mecanismos públicos que financian esas terapias.
Eso no invalida el problema que plantea, pero obliga a diferenciar claramente la opinión gremial de las cifras.
El dato verificable sigue siendo el mismo: el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una asignación inicial inferior a la establecida para 2026.
Las consecuencias concretas dependerán posteriormente de la ejecución presupuestaria, del número de pacientes tratados, del costo de las prestaciones actuales y de las decisiones que se adopten respecto de nuevas incorporaciones.
El Congreso también discute cómo fortalecer el Fondo
La reducción presupuestaria llega mientras existe una discusión legislativa paralela destinada a fortalecer la sustentabilidad financiera de la Ley Ricarte Soto.
Una de las propuestas contempla elevar el aporte fiscal permanente establecido para el Fondo, precisamente porque el diseño original enfrenta una realidad distinta a la existente cuando la legislación comenzó a operar.
La coexistencia de ambos procesos es reveladora.
Por un lado, el proyecto presupuestario reduce la asignación inicial para 2027. Por otro, el Congreso discute aumentar estructuralmente los recursos disponibles para enfrentar tratamientos de alto costo. La aparente contradicción muestra que el problema ya no puede analizarse solamente año a año.
El acceso es la última etapa de la innovación
Para el ecosistema farmacéutico, ésta probablemente sea la principal conclusión. Chile puede autorizar nuevas moléculas, acelerar registros y disponer de tecnologías que hace algunos años no existían. Pero ninguna de esas innovaciones cambia la vida de un paciente si finalmente no existe una vía económicamente viable para acceder a ellas.
El registro sanitario abre la puerta. El financiamiento determina quién puede cruzarla.
El proyecto de Presupuesto 2027 no demuestra que la Ley Ricarte Soto esté dejando de cumplir su función ni permite anticipar interrupciones de tratamientos. Sí muestra, en cambio, que el sistema deberá enfrentar 2027 con una asignación inicial menor precisamente cuando la innovación farmacológica continúa ampliando las posibilidades terapéuticas.
Y ahí está la discusión que probablemente marcará los próximos años: no sólo qué nuevos medicamentos llegan a Chile, sino cuáles podrá financiar el país y cuánto tiempo podrá sostener ese acceso.
