Venta ilegal de medicamentos: proyecto avanza con nuevas penas, trazabilidad y sanciones a establecimientos
La Comisión de Salud del Senado despachó a Sala el proyecto que modifica distintos cuerpos legales para sancionar la comercialización ilegal de medicamentos. El texto incorpora el delito de prescripción fraudulenta, prohíbe operaciones con productos adulterados o falsificados y contempla incluso la cancelación de autorizaciones sanitarias.
La comercialización ilegal de medicamentos dio un nuevo paso hacia una regulación más dura. La Comisión de Salud del Senado terminó el estudio en particular del proyecto que modifica distintos cuerpos legales para sancionar la venta irregular de productos farmacéuticos y dejó la iniciativa en condiciones de ser revisada por la Sala.
El proyecto, correspondiente al boletín 15.850-11, continúa en su primer trámite constitucional y fue sometido a 31 indicaciones durante su revisión en comisión. Entre los cambios aprobados aparecen tres elementos especialmente relevantes para el sector farmacéutico: la creación del delito de prescripción fraudulenta, nuevas disposiciones sobre trazabilidad y sanciones más severas para establecimientos donde se cometan determinadas infracciones.
La iniciativa también prohíbe expresamente la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia de medicamentos adulterados, falsificados, alterados o contaminados.
Prescribir para alimentar el comercio ilegal pasaría a ser delito
Uno de los cambios más significativos es la tipificación de la denominada prescripción fraudulenta.
La propuesta establece sanciones para profesionales de la salud legalmente habilitados para recetar que emitan una prescripción con la finalidad específica de que los medicamentos sean comercializados posteriormente de manera ilegal.
Las penas aprobadas en comisión van desde 61 días hasta tres años de presidio, además de multas de 6 a 20 UTM.
La precisión sobre la finalidad es importante. El proyecto no criminaliza un error clínico ni una diferencia de criterio terapéutico, sino una conducta intencional en la que la receta es utilizada como instrumento para abastecer un circuito ilegal de medicamentos.
La medida apunta a cerrar una de las vías por las cuales productos sujetos a control o condición de venta bajo receta pueden terminar fuera de los canales autorizados.
Venta directa sólo para productos autorizados como tales
El texto también refuerza una regla básica para el expendio farmacéutico.
Cuando una persona solicite un medicamento sin receta, el establecimiento sólo podrá entregar aquellos productos cuya condición de venta haya sido autorizada como directa.
Además, el expendio deberá realizarse en cantidades compatibles con el uso personal o familiar, o con la duración habitual del tratamiento según corresponda.
La norma busca limitar operaciones que, bajo apariencia de venta al consumidor final, puedan esconder adquisición en volúmenes incompatibles con un uso ordinario.
Ese punto adquiere especial relevancia frente al comercio informal, donde uno de los problemas recurrentes es el desvío de medicamentos desde circuitos legales hacia ferias, redes sociales u otros puntos no autorizados.
Establecimientos arriesgan perder su autorización sanitaria
La iniciativa también endurece las consecuencias para propietarios y representantes legales de establecimientos farmacéuticos donde se cometan infracciones.
Previo sumario sanitario, podrá cancelarse la autorización sanitaria del establecimiento y establecerse una inhabilidad de hasta tres años para obtener una nueva autorización destinada a cualquier tipo de establecimiento farmacéutico.
No se trata, por tanto, únicamente de sancionar a la persona que ejecuta directamente una venta ilegal.
El proyecto incorpora consecuencias que pueden afectar la continuidad operacional del establecimiento cuando las infracciones tengan la gravedad contemplada por la futura legislación.
Para farmacias, droguerías y otros actores autorizados, este punto introduce un incentivo adicional para reforzar controles internos, trazabilidad y supervisión sobre el movimiento de productos.
La trazabilidad entra al centro de la discusión
La Comisión de Salud también aprobó disposiciones destinadas a fortalecer la trazabilidad de los medicamentos.
Aunque el detalle técnico de los mecanismos deberá observarse en el texto definitivo que llegue a la Sala y posteriormente durante el resto de la tramitación, el principio es relevante: aumentar la capacidad de seguir el recorrido de un medicamento desde su origen hasta su expendio puede facilitar la detección de desvíos hacia mercados ilegales.
La trazabilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema farmacéutico chileno.
Cuando un producto aparece en un canal informal, la pregunta no es únicamente quién lo está vendiendo. También importa establecer cómo salió de la cadena autorizada, quién lo adquirió originalmente y en qué punto se perdió el control.
Por eso, la discusión legislativa comienza a desplazarse desde la simple fiscalización del punto de venta hacia la reconstrucción completa del recorrido del medicamento.
El proyecto todavía no es ley
El avance en la Comisión de Salud no significa que las nuevas sanciones estén vigentes.
El proyecto continúa en su primer trámite constitucional y ahora debe ser revisado por la Sala del Senado. Si es aprobado, deberá continuar posteriormente su recorrido legislativo.
Esto significa que las normas aprobadas en comisión todavía pueden experimentar cambios.
También será necesario observar cómo queda finalmente definida la trazabilidad, qué responsabilidades recaen sobre cada actor y cómo se coordinan las nuevas sanciones con el Código Sanitario y la regulación actualmente vigente.
El desafío es cortar el desvío antes de que llegue a la calle
La venta ilegal de medicamentos suele hacerse visible cuando un producto aparece en una feria, una red social o un sitio no autorizado.
Pero para que eso ocurra normalmente existe una cadena previa.
El medicamento debió fabricarse, importarse, almacenarse, distribuirse, prescribirse o desviarse desde algún punto anterior.
La relevancia del proyecto está precisamente en ampliar la mirada sobre ese recorrido.
En vez de concentrarse únicamente en el vendedor final, la iniciativa busca intervenir también en la prescripción fraudulenta, en la circulación de productos falsificados o alterados y en la responsabilidad de los establecimientos.
Si el proyecto mantiene ese enfoque durante su tramitación, la discusión sobre comercio ilegal de medicamentos dejará de ser exclusivamente policial.
Pasará a ser también una discusión sobre trazabilidad, responsabilidad sanitaria y control de toda la cadena farmacéutica.
