Proyecto propone tres horas mensuales de permiso laboral para retirar medicamentos
La iniciativa busca que trabajadores puedan ausentarse hasta 180 minutos al mes para retirar tratamientos en establecimientos públicos de salud. Sus impulsores sostienen que hoy muchas personas terminan pagando medicamentos que podrían recibir gratuitamente porque los horarios de atención chocan con su jornada laboral.
El medicamento está disponible. La receta existe. El tratamiento fue indicado. Pero falta algo aparentemente más simple: tener tiempo para ir a buscarlo.
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados busca crear un permiso laboral de hasta 180 minutos mensuales para que trabajadores puedan ausentarse de sus empleos y retirar medicamentos en establecimientos de atención primaria o secundaria de la red pública de salud.
La iniciativa, ingresada el 11 de agosto bajo el Boletín 18.603-13, intenta resolver una situación cotidiana pero poco visible: pacientes que tienen tratamientos disponibles gratuitamente en consultorios u hospitales, pero cuyos horarios laborales coinciden con los de las farmacias o unidades de dispensación.
El proyecto está actualmente en su primer trámite constitucional y deberá ser revisado por las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Salud de la Cámara.
Cuando el medicamento está, pero el paciente no puede llegar
El problema que intenta abordar la iniciativa no es la falta del medicamento, sino la posibilidad real de retirarlo.
El diputado Matías Fernández, uno de sus impulsores, explicó públicamente que el proyecto busca hacerse cargo “del tiempo que las personas tienen para el retiro de sus medicamentos”, especialmente cuando esa gestión debe realizarse dentro de una jornada laboral.
La propuesta contempla hasta tres horas mensuales destinadas al traslado al establecimiento, retiro del tratamiento y regreso al lugar de trabajo.
La lógica parece sencilla: si una persona tiene un medicamento disponible gratuitamente en la red pública, obligarla en la práctica a elegir entre cumplir su jornada laboral o acceder al tratamiento puede terminar generando una consecuencia absurda: comprar de su bolsillo algo que el propio sistema de salud ya tenía destinado para ella.
Fernández ha señalado que el permiso podría contribuir a reducir ese gasto y, al mismo tiempo, disminuir pérdidas derivadas de medicamentos que permanecen almacenados porque nunca fueron retirados.
Hoy no existe un permiso específico para esta diligencia
Actualmente, el Código del Trabajo contempla permisos para determinadas prestaciones de salud, como exámenes preventivos establecidos en el artículo 66 bis.
Sin embargo, según la Dirección del Trabajo, las diligencias particulares —entre ellas, en términos generales, retirar medicamentos— no obligan automáticamente al empleador a conceder tiempo durante la jornada, salvo que exista acuerdo entre las partes o una norma específica que así lo establezca.
Ese es precisamente el vacío que la moción pretende cubrir.
Si prospera, retirar un medicamento dejaría de depender exclusivamente de la buena voluntad o flexibilidad del empleador y pasaría a convertirse en un derecho regulado.
Y ahí está probablemente el cambio más relevante.
El acceso no termina cuando el medicamento llega al consultorio
Durante años, buena parte de la discusión farmacéutica se ha concentrado en disponibilidad, precio y abastecimiento.
Pero existe una cuarta variable menos visible: el tiempo.
Un medicamento almacenado correctamente en una farmacia pública sigue sin cumplir su función sanitaria si el paciente no consigue retirarlo.
Esto adquiere especial relevancia en tratamientos crónicos, donde la continuidad es parte fundamental de la terapia. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o trastornos de salud mental no se suspenden porque el horario de una farmacia coincida con el turno laboral.
El desafío es evidente: no basta con asegurar stock. También hay que asegurar acceso.
Tres horas que todavía requieren definiciones
La propuesta, sin embargo, aún deja aspectos que deberán precisarse durante su tramitación.
Entre ellos, cómo deberá acreditarse el retiro del medicamento, si el permiso será considerado íntegramente como tiempo trabajado y remunerado, y si podrá utilizarse exclusivamente para tratamientos del propio trabajador o también para retirar medicamentos de hijos, adultos mayores u otras personas bajo su cuidado.
Esos detalles todavía no deben darse por resueltos.
El proyecto recién comienza su recorrido legislativo y su contenido puede cambiar durante la discusión parlamentaria.
También será necesario determinar cómo se evitarán abusos sin transformar el procedimiento en una nueva barrera burocrática para quienes precisamente necesitan acceder a su tratamiento.
Un problema sanitario escondido dentro de una jornada laboral
La discusión puede parecer pequeña frente a los grandes debates sobre precios de medicamentos, listas de espera o financiamiento sanitario.
Pero toca una contradicción concreta.
El Estado puede comprar el medicamento. El consultorio puede almacenarlo. La farmacia puede tenerlo listo.
Y aun así el tratamiento puede no llegar al paciente.
Porque entre el estante y la persona existe una jornada laboral que muchas veces no espera.
El proyecto intenta intervenir precisamente ahí: en ese espacio aparentemente administrativo donde el acceso sanitario se encuentra con la vida cotidiana.
Si tres horas mensuales pueden evitar que una persona abandone un tratamiento o pague de su bolsillo un medicamento que ya tenía garantizado, entonces la discusión deja de ser simplemente laboral.
Pasa a ser también una discusión sobre acceso efectivo a la salud.
